Jairo Garzón Montaño
Opinión
La educación es un instrumento
fundamental para construir una sociedad y un país más abierto, que esté
consciente de la trascendencia que tiene en la construcción de lo público, de
ahí la importancia de que todos los sectores de la población tengamos acceso a
una formación de calidad.
Justamente este es el objetivo de las
reformas y adiciones a Ley General de Educación en materia de Educación
Inclusiva, que se presentó recientemente en el pleno del Senado de la República,
para que las personas con discapacidad tengan garantizado el derecho al acceso
y permanencia en el sistema educativo nacional en todos sus niveles y
modalidades, sin que sean objeto de discriminación, sino que más bien reciban
un trato con equidad e igualdad de oportunidades.
Como sociedad, debemos promover a la educación
como medio idóneo para que los mexicanos podamos transitar hacia mejores
estadios de vida que permitan su desarrollo individual y colectivo pleno. Es
incuestionable que un México próspero, con mayores oportunidades para todos,
sólo es posible con una instrucción abierta que responda a las exigencias del
contexto actual, el cual exige el fomento y la valoración de la diversidad y la
cultura de inclusión, como condiciones para el enriquecimiento social y
cultural.
Por lo anterior, es una prioridad
para el estado mexicano y sus instituciones que a la brevedad se elaboren,
mantengan actualizados y editen en formatos accesibles para las personas con
discapacidad libros de texto gratuitos, es decir, se trata de hacer accesible
el conocimiento sin restricción de ningún tipo. Para nuestro país, la educación
inclusiva debe ser uno de los pilares fundamentales para impulsar su
crecimiento económico y promover el desarrollo social, por ello, celebro que
estas nuevas disposiciones contemplen que las organizaciones de la sociedad
civil legalmente constituidas que tengan como objeto prestar servicios
educativos de nivel preescolar sin fines de lucro, podrán impartir educación en
términos de la ley y de conformidad con los lineamientos establecidos por la
Secretaría de Educación Pública.
Hoy más que nunca vivimos inmersos en
una gran aldea global, propia de nuestro tiempo, en la cual la educación no
puede ser ajena a la sociedad del conocimiento en la que se vive, por ello será
motivo de sanción el negar la inscripción, aislar, segregar o discriminar a las
personas con discapacidad, u omitir llevar a cabo los ajustes razonables que
sean necesarios para garantizar su inclusión a los planes de estudio.
Estamos hablando de un derecho
tutelado por nuestro marco jurídico, que constituye un elemento determinante para
la integración social y representa los cimientos para una igualdad efectiva
para todos los sectores de la población.
Sin duda aún persisten retos que
debemos atender, como el analfabetismo, la brecha digital y la deserción
escolar, pero con la aprobación de estas reformas, se dan pasos importantes
para asegurar mejores condiciones de formación, traducidas en espacios mejores
adaptados, asignación de materiales didácticos pertinentes, especificación de
metodologías y técnicas apropiadas, y personal capacitado, actualizado y
certificado, todo esto con la única finalidad de hacer accesible la educación
para todos.
Twitter:@jairogarzonm
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