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Jairo Garzón Montaño
Opinión
La nula planeación urbana de nuestras ciudades y la ausencia de un enfoque de política pública en infraestructura vial sustentable, han dado lugar a serios problemas de movilidad, los cuales se traducen en costos económicos en materia de salud, pérdida de tiempo en los trayectos y elevados índices de contaminación.
Sin embargo, especialistas; autoridades; iniciativa privada y sociedad civil, concebimos al derecho a la movilidad como un eje estratégico y transversal para lograr mejores condiciones de crecimiento económico y prosperidad urbana, confieso que añoramos ciudades planificadas con un transporte eficiente, seguro y con accesibilidad universal.
Para dimensionar la gravedad del fenómeno que nos ocupa, basta mencionar que de acuerdo con el estudio “Gestión de la Movilidad para México”, nuestro país es el peor evaluado por los múltiples problemas de movilidad; de los 23 millones de automóviles particulares que circulan en el país, el 72% se encuentra en las zonas metropolitanas. De no hacer nada, esta tendencia empeorará en los próximos años, debido a que el parque vehicular incrementará a una tasa anual del 6.6% para alcanzar 62.9 millones de unidades en 2026 y 70 millones de unidades para el 2030.
Por si esto no fuera suficiente, hacia el 2020, el transporte será el primer emisor de gases efecto invernadero a nivel nacional y el tercero en carbono negro. Sólo en nuestro país, diariamente se incorporan 5 mil vehículos a la circulación, esta situación no mejora debido a la insuficiencia de políticas públicas de planeación; problemas de financiamiento a proyectos ecológicos de movilidad y serios vacíos normativos del marco jurídico vigente.
Frente a este panorama poco alentador, apremia la instrumentación de estrategias nacionales orientadas a la planificación, diseño y restructuración, bajo modelos de ciudades sustentables que impulsen mayores niveles de calidad de vida para las y los mexicanos. Es incuestionable la necesidad de promover un replanteamiento urbano que mejore los actuales patrones de crecimiento; evite una expansión dispersa de la ciudad y propicie la densificación, con un mejor aprovechamiento del espacio.
Estoy convencido de que los gobiernos deben invertir más en infraestructura vial, dándole prioridad a sistemas de movilidad alternativos como el uso de la bicicleta y el sistema articulado. Se necesita la participación y coordinación de los distintos niveles de gobierno para la correcta implementación de políticas públicas encaminadas a gestionar eficazmente la movilidad urbana con una perspectiva inclusiva, de género y de largo plazo.
Por su parte, el Congreso de la Unión debe legislar para reconocer el derecho a la movilidad y con ello contar con las herramientas jurídicas idóneas para hacer frente a los problemas que nos aquejan, por mencionar algunos: la seguridad en el transporte público, la contaminación y la mala calidad del aire.
No tengo duda de que en esta tarea, el ciudadano debe ser actor protagonista de la transformación social y hacerse participe de una reforma urbana estructural que logre disminuir la contaminación, detenga la erosión del suelo y preserve nuestra biodiversidad, asegure un manejo sustentable del agua potable, mejore el manejo de los residuos domésticos y brinde un clima de mayor seguridad.
La importancia de concentrar esfuerzos estriba en que de traducirse en acciones concretas, harán posible la vinculación del crecimiento económico y el ordenamiento territorial, el desarrollo adecuado de la vivienda, y la movilidad social, pero sobre todo, será una realidad ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resistentes y sostenibles. Como mexicanos de bien, lo merecemos y estamos dispuestos a participar en este cambio de paradigma de movilidad y planeación urbana.
Twitter:@jairogarzonm
#Opinión Por una mejor Movilidad y Planeación Urbana
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