De manera frontal y directa, terminemos con la Desaparición Forzada

 

Salvador López Santiago

Actualmente, las instituciones del Estado mexicano enfrentan una de las más graves crisis de credibilidad y legitimidad en su historia, situación que obedece a diversas cuestiones, las que van desde ausencia o mínima transparencia y rendición de cuentas, hasta ínfimas oportunidades en sector laboral, inseguridad e incertidumbre jurídica.

 

Sobre este último aspecto, uno de los casos que más preocupa es el de la desaparición forzada, tema que me parece oportuno abordar en atención a las noticias recientes que vinculan a elementos de la policía estatal de Veracruz con la desaparición de 5 jóvenes, precisando que no es el único caso de este tipo, basta mencionar el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

 

Resulta evidente que la desaparición forzada de personas es uno de los delitos lacerantes para la sociedad por violaciones múltiples a los derechos humanos. En él concurre el involucramiento directo o indirecto de alguna autoridad o servidor público, pero también particulares, sin la participación, apoyo o aquiescencia de la autoridad.

 

Se trata de un fenómeno que nos convoca a concentrar y redoblar esfuerzos, sobre todo, si tenemos en cuenta que las consecuencias que producen y el poco o nulo acceso a la justicia que hay en casos de este tipo. No es extraño que organismos y dependencias como Human Rights Watch, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humamos, han llamado la atención sobre el creciente problema de la desaparición forzada en nuestro país.

 

Para ponderar el impacto que este fenómeno tiene en México, cabe mencionar que de acuerdo con la Procuraduría General de la República, hasta el año 2014, en México 22 mil 322 personas se encuentran en estatus de no localizadas. De los cuales 12 mil 532 corresponden a reportes presentados en la parte final de la administración gestión, y 9 mil 790 durante la presente administración pública federal.

 

Los propios datos oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, indican que existen denuncias de al menos 27 mil 600 personas que el Estado llama “no localizadas”. Aunado a lo anterior, del total de registros, los jóvenes entre 10 y 29 años de edad, representan el 46%. Por otro lado, según datos oficiales, en México sigue sin conocerse el paradero de más de 27 mil personas, muchas de ellas víctimas de desaparición forzada. Además, 46.5% de los casos reportados han ocurrido bajo la actual administración presidencial, 3 mil 425 sólo en 2015.

 

Este complejo panorama contraviene el permanente compromiso con la protección de los derechos humanos que ha tenido México, por ello, estoy convencido de que la desaparición forzada debe ser atendida desde todas sus aristas. Sólo así, se podrá asegurar el respeto, la promoción y la defensa de todos los derechos humanos, especialmente los que protegen la libertad y la vida, es un compromiso inherente a todo Estado que se precie de ser democrático. Como sociedad, nos meremos acciones prontas e integrales que atiendan este asunto sin mayor dilación.

De manera frontal y directa, terminemos con la Desaparición Forzada