José Ojeda Bustamante
Opinión
Plantear
la solución en los problemas de nuestro país-
de
forma totalmente radical - En las
antípodas…
Es,
con toda humildad, nuestro propósito.
La presente columna
es una de las muchas en las que hablaremos sobre “La transparencia y el acceso a la información pública” y su manera
de incidir en la detonación de una democracia de calidad. La plantearemos como
una condición sine qua non de
cualquier sistema democrático y que en nuestro contexto, está contenida en la
Constitución. Las leyes en la materia, afirman que toda persona, sin necesidad
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito
a la información pública; entendiendo por “pública”, toda la información que se
encuentra en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de
los tres niveles de gobierno.
¿Cuándo surge? Con
los suecos, quienes muy tempranamente, encontraron en el acceso a la información
pública un inhibidor de las prácticas patrimonialistas, discrecionales,
ilegales o de plano corruptas. La propia experiencia plantea que el haber
contado con acceso a los certificados oficiales, propició el proceso de
distribución de tierras, y que paulatinamente, permeó en otras áreas de la
sociedad para volverse parte de la cultura administrativa del Estado y de la
cultura política de los ciudadanos. ¿Que tenemos de común con estas
aseveraciones?
Sobre este
paradigma, los funcionarios suecos afirman poder entregar una copia de
cualquier documento público elaborado hace 200 años ¡Y en 24 horas! Lo anterior
nos permite descifrar sus niveles de generalización, sofisticación y sistematización. Suecia encaró el
desafío de la modernización de su gobierno en la última parte del siglo
dieciocho y lo hizo colocando el criterio básico de la transparencia como sello
de su estrategia. ¿Estamos en
posibilidades de reproducir este esquema en nuestra aldea?
La transparencia
cobra fuerza en Finlandia (1951), Estados Unidos (1966) y en Dinamarca (1970)
para volverse parte de la oleada democratizadora en los últimos cinco años del
siglo XX, periodo en el cual, más de 40 países del mundo -incluyendo México-
tomaron su ejemplo e instituyeron sus propias leyes de acceso a la información.
Robert Dahl
considera que si un país ha de gobernarse democráticamente, habrá de tener
ciertas prácticas habituales y duraderas; instituciones políticas que
garanticen una ley de acceso a la información, la obligación por parte de los
gobiernos locales de hacer más transparente la gestión pública y en lo
concerniente a la ciudadanía: corresponsabilidad y proactividad.
Y para nuestro
contexto mexicano habitual dos preguntas: ¿Corresponsabilidad ciudadana?
¿Proactividad legislativa – gubernamental?
De esto que señala
Dahl, los ciudadanos tienen el derecho a tener fuentes de información,
alternativas e independientes, para poder participar efectivamente en la vida
política y para poder influir en la agenda, en la acción social y en la acción
gubernamental. Por lo tanto, si el gobierno controla todas las fuentes de
información o existe monopolio por cualquier grupo o concepción política
específica, nuestra democracia estaría limitada, entonces.
Ya como pregunta
final y duradera ¿En nuestra realidad mexicana está limitada la
transparencia?...
En las antípodas abordamos el tema
de la transparencia como un pretexto ideal que nos conduzca a la comprensión
ilustrada de la democracia… con José Ojeda Bustamante - Twitter:
@ojedapepe
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