Jairo Garzón Montaño
Opinión
La colusión de la delincuencia en las policías municipales cada día es
mayor, esto ha quedado evidenciado por distintos medios de comunicación e
informes oficiales, los cuales han dado cuenta de que en varios municipios del
país, las corporaciones de seguridad pública sirven como red de información y
operación y están al servicio del crimen organizado.
Ante este escenario el ejecutivo federal, presentó diversas reformas a la
Constitución para definir en el país un esquema de mando único policial,
asimismo, propuso cambios sustantivos para facultar al Congreso de la Unión para
expedir leyes en materia penal y dotar al gobierno federal de las facultades necesarias
para asumir la dirección de un municipio cuando existan indicios de complicidad
entre las autoridades y el crimen organizado.
La implementación de un mando único policial estatal, permitiría mejorar
las condiciones de seguridad en el país, enfrentar los desafíos actuales en
materia de seguridad con elementos mejor capacitados, preparados y equipados, además
de llevar las tareas de seguridad a municipios en el que hoy no cuentan con una
corporación propia.
Debemos estar conscientes de que su instrumentación en los estados y el
Distrito Federal, conlleva distintos retos, por lo que me parece que la
iniciativa del ejecutivo federal debe ser enriquecida, sobre todo en relación a
la homologación del marco jurídico y en los protocolos de actuación, ya que implica
un replanteamiento a los fondos y subsidios federales en materia de seguridad
pública, así como la reconfiguración geográfica de actuación y colaboración.
Aunado a lo anterior, apremia la ejecución de un programa de depuración de
malos elementos, la instauración de sistemas de monitoreo y control interno o
externo de las policías, además del fortalecimiento de los mecanismos de
rendición de cuentas y transparencia, asimismo, el diseño de métodos
evaluativos de desempeño basados en resultados y la creación de un fondo
compartido para indemnizar al personal que no quiera incorporarse al nuevo
modelo.
Como sociedad y gobierno tenemos una deuda histórica con los policías de
México y estas reformas nos brindan la oportunidad de ofrecerles mayores
oportunidades laborales, acceso a mejores niveles de capacitación y
profesionalización, así como condiciones óptimas de seguridad social a ellos y
sus familias.
Existen las condiciones para que especialistas, autoridades y sociedad
civil, participen en la generación de un modelo de control y cooperación
policial estatal, que respete las características y necesidades particulares de
cada municipio, pero que garantice su eficacia en la disminución de los índices
de violencia, corrupción e impunidad.
Como ciudadano preocupado por la seguridad, espero que el debate en el
Senado de la República y la Cámara de Diputados sea intenso, informado y
enriquecedor para que se traduzcan en políticas públicas que contrarresten la
inseguridad que vive el país. Como mexicanos lo merecemos.
Twitter:@jairogarzonm
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