Salvador López Santiago
Opinión
A pesar de los
importantes avances normativos en materia de derechos humanos que hemos
alcanzado en las últimas décadas, es una realidad que como país todavía
tenemos un gran camino por recorrer, basta mencionar la compleja
situación en la que se encuentran las personas adultas mayores, grupo
social que constantemente es objeto de abandono, maltratos, vejaciones,
exclusiones, discriminaciones y diversas conductas que vulneran su
integridad o su dignidad.
Entre los problemas que
enfrentan, destaca la falta de control sobre el número y condiciones de
albergues, casas hogar y demás instituciones encargadas del cuidado de
los adultos mayores. Es preocupante que la mayoría no cuente con las
especificaciones mínimas para garantizar la atención integral de este
grupo social e incluso, en algunos escenarios se vulneran sus garantías
constitucionales.
Por si esto no fuera suficiente, no
podemos ser indiferentes ante el hecho de que según información del
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), 6 de cada
10 personas que residen en este tipo de instituciones no mantienen
contacto con su familia, abandono que con frecuencia inhibe su
independencia y bienestar emocional.
Además de la
gravedad inherente a las problemáticas referidas, es oportuno señalar
que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), en México pasamos de 5 millones de personas adultas
mayores en 1990, a 11.7 millones en 2014, lo cual represente el 9.7% de
la población total. Aunado a lo anterior, a partir de estimaciones del
Consejo Nacional de Población (CONAPO), dicho crecimiento se dará de
manera permanente e ininterrumpida, hasta que en el año 2050, el 28% de
la población mexicana cuente con más de 60 años.
Ante
este panorama, es de vital importancia que las autoridades de los tres
órdenes de gobierno garanticen que los centros e instituciones
destinadas a brindar servicios de salud, cuidado, estancia y actividades
culturales, deportivas y recreativas a los adultos mayores, cuenten con
las condiciones mínimas para fomentar su participación e integración
social, y de esta manera puedan vivir con independencia,
autorrealización y certeza.
Dichas acciones son
determinantes para que las personas adultas mayores tengan la
posibilidad de acceder a un empleo u ocupación, retribuciones justas,
asistencia y a las oportunidades necesarias para que tengan mejores
niveles de bienestar y mayor calidad de vida, elementos que les
permitirán desarrollarse con plenitud, respeto a sus derechos y más
importante aún, con absoluta dignidad. Por estas consideraciones, estoy
convencido de que esta deuda pendiente debe ser atendida con la mayor
celeridad posible.
Twitter: @sls1103.
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