Sabemos
que los precios de los alimentos no se han estabilizado desde la crisis de 2008
y esto los hace cada vez más volátiles. Esta problemática se incrementa y se
refleja en la falta de disponibilidad de ciertos alimentos, y sobre todo en
países como el nuestro. Es urgente y prioritario atender el problema
alimentario.
El
concretar una ley que garantice los alimentos permite que las personas tengan
acceso a una alimentación adecuada, con precios accesibles, independientemente
de las condiciones del mercado.
El Programa Mundial de Alimentos
define al hambre como “el
mayor riesgo a la salud en el mundo” por encima de la malaria, la tuberculosis
y el SIDA juntos.
Los
estudios de alimentación realizados por FAO en 2014, indican que en
cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 1 (ODM), América
Latina y el Caribe es la región en la que se han registrado mayores progresos
en la reducción del hambre, quedando a solo 37 millones de personas
subalimentadas.
Sin
embargo, es notorio que estos objetivos, para el caso de México, no se han
logrado, ya que no ha sido posible reducir las cifras de población en estado de
pobreza alimentaria, y vemos que las cifras oficiales de CONEVAL, hasta 2012,
nos indican que hay en el país 27.5 millones de mexicanos que se encuentran en
pobreza alimentaria.
Haciendo un análisis comparativo de las cifras entre FAO y CONEVAL, vemos
que dos terceras partes están en nuestro país, y el resto está en los países de
América Latina.
Considero
importante también, hacer hincapié en los resultados de la Segunda Conferencia
Internacional sobre Nutrición y la Reunión de la Unión Interparlamentaria sobre
Nutrición (CIN2), organizada conjuntamente por la FAO y la OMS en Roma, en
noviembre de 2014.
Que
entre sus más importantes recomendaciones reafirma el derecho de todas las
personas a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos suficientes, en
consonancia con el derecho a una alimentación adecuada y con el derecho
fundamental de toda persona a no padecer hambre de conformidad con el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otros
instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas.
Países como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala,
Perú, Uruguay y Venezuela; ya cuentan con una Ley que garantiza la alimentación
de sus ciudadanos.
Ahora, en México y de acuerdo con los datos del INEGI, han fallecido en
la última década más de 80 mil personas a causa de la desnutrición; y según los
datos del CONEVAL; la pobreza alimentaria presenta niveles similares a los que
existían en 1992, es decir, tenemos un estancamiento de poco más de 20 años. Asimismo,
el 25% de los fallecimientos que se presentan cada año tienen como causas
principales a la diabetes y la hipertensión, ambas asociadas a la obesidad y el
sobre peso. Con todo esto, si algo es evidente es el estado de inseguridad
alimentaria que padecemos en el país.
Además, la alimentación es objeto de un
programa estructural que el Presidente de la República implementó dentro de su
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y aunque se hace un gran esfuerzo, no
logra llegar a todos los rincones del territorio nacional. Su impacto es muy
reducido, y solo cubre algunos municipios considerados de muy alta marginación.
Un programa de estas magnitudes que tiene como meta 7.4 millones de mexicanos, debe
enfocarse, por lo menos, a los casi 28 millones que se encuentran en pobreza
alimentaria.
Por otro lado, la producción interna de alimentos depende cada vez más
del sector agro-empresarial, que recibe más del 80% del crédito al campo y que
acapara el 60% de los subsidios públicos, dejando de lado a los pequeños
productores. En contraste, desde 2008 la FAO, enfatizó que la solución
al problema del hambre estaba en impulsar de nuevo la agricultura familiar y
campesina, es decir, la de los pequeños productores, que representa el 40% de
la producción agropecuaria nacional.
Es importante aclarar que si México no
cambia su política alimentaria, en el 2030 estaremos importando el 80% de los
alimentos que consumimos.
Por
último, y esto quiero dejarlo muy claro, el derecho a la alimentación
únicamente quedará garantizada cuando sean las poblaciones mismas las que se
sobrepongan a situaciones de carencia alimentaria y refuercen su capacidad
local para garantizar su propio abastecimiento de alimentos.
Y
nuestra obligación como Legisladores, es poner las condiciones legales y
programáticas para lograr la disponibilidad
en la producción, el comercio y uso de los alimentos; el acceso a los mismos, que permita la capacidad de poder de
compra y regularice los mercados. Estamos obligados a generar la estabilidad, para que se regule la
variabilidad en la producción, en los precios y los ingresos; y por último su utilización adecuada, que asegure el consumo de los
alimentos de calidad bajo dietas acorde al contexto cultural y aprovechando las
condiciones ecológicas de cada lugar. Todo ello bajo un perfil de
sustentabilidad.
Y
es por ello que a través de una Ley General se establecerán los ejes rectores
que permitirán homologar, programas, instituciones y acciones de los tres
órdenes de gobierno encaminados a garantizar la alimentación en todo el país.
Es de suma importancia hacer del conocimiento de todos que el impulsar esta
Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada, respaldada por todos los
partidos políticos, será un logro de los quinientos diputados de esta LXII
Legislatura, y más aún, será en beneficio de todos los mexicanos. Porque más
allá de los partidos; somos las personas las que hacemos la diferencia, al
cumplir con nuestra obligación, que es proteger y cuidar a todos los mexicanos.
Muchas
Gracias!
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