Garantizar la Ley General del Derecho a la Alimentación, Dip. Gloria Bautista‏

Sabemos que los precios de los alimentos no se han estabilizado desde la crisis de 2008 y esto los hace cada vez más volátiles. Esta problemática se incrementa y se refleja en la falta de disponibilidad de ciertos alimentos, y sobre todo en países como el nuestro. Es urgente y prioritario atender el problema alimentario.

El concretar una ley que garantice los alimentos permite que las personas tengan acceso a una alimentación adecuada, con precios accesibles, independientemente de las condiciones del mercado.

El Programa Mundial de Alimentos define al hambre como “el mayor riesgo a la salud en el mundo” por encima de la malaria, la tuberculosis y el SIDA juntos.

Los estudios de alimentación realizados por FAO en 2014, indican que en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 1 (ODM), América Latina y el Caribe es la región en la que se han registrado mayores progresos en la reducción del hambre, quedando a solo 37 millones de personas subalimentadas.

Sin embargo, es notorio que estos objetivos, para el caso de México, no se han logrado, ya que no ha sido posible reducir las cifras de población en estado de pobreza alimentaria, y vemos que las cifras oficiales de CONEVAL, hasta 2012, nos indican que hay en el país 27.5 millones de mexicanos que se encuentran en pobreza alimentaria.

Haciendo un análisis comparativo de las cifras entre FAO y CONEVAL, vemos que dos terceras partes están en nuestro país, y el resto está en los países de América Latina.

Considero importante también, hacer hincapié en los resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición y la Reunión de la Unión Interparlamentaria sobre Nutrición (CIN2), organizada conjuntamente por la FAO y la OMS en Roma, en noviembre de 2014.

Que entre sus más importantes recomendaciones reafirma el derecho de todas las personas a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos suficientes, en consonancia con el derecho a una alimentación adecuada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otros instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas.

Países como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Perú, Uruguay y Venezuela; ya cuentan con una Ley que garantiza la alimentación de sus ciudadanos.

Ahora, en México y de acuerdo con los datos del INEGI, han fallecido en la última década más de 80 mil personas a causa de la desnutrición; y según los datos del CONEVAL; la pobreza alimentaria presenta niveles similares a los que existían en 1992, es decir, tenemos un estancamiento de poco más de 20 años. Asimismo, el 25% de los fallecimientos que se presentan cada año tienen como causas principales a la diabetes y la hipertensión, ambas asociadas a la obesidad y el sobre peso. Con todo esto, si algo es evidente es el estado de inseguridad alimentaria que padecemos en el país.

 Además, la alimentación es objeto de un programa estructural que el Presidente de la República implementó dentro de su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y aunque se hace un gran esfuerzo, no logra llegar a todos los rincones del territorio nacional. Su impacto es muy reducido, y solo cubre algunos municipios considerados de muy alta marginación. Un programa de estas magnitudes que tiene como meta 7.4 millones de mexicanos, debe enfocarse, por lo menos, a los casi 28 millones que se encuentran en pobreza alimentaria.

Por otro lado, la producción interna de alimentos depende cada vez más del sector agro-empresarial, que recibe más del 80% del crédito al campo y que acapara el 60% de los subsidios públicos, dejando de lado a los pequeños productores. En contraste, desde 2008 la FAO, enfatizó que la solución al problema del hambre estaba en impulsar de nuevo la agricultura familiar y campesina, es decir, la de los pequeños productores, que representa el 40% de la producción agropecuaria nacional.

 Es importante aclarar que si México no cambia su política alimentaria, en el 2030 estaremos importando el 80% de los alimentos que consumimos.

Por último, y esto quiero dejarlo muy claro, el derecho a la alimentación únicamente quedará garantizada cuando sean las poblaciones mismas las que se sobrepongan a situaciones de carencia alimentaria y refuercen su capacidad local para garantizar su propio abastecimiento de alimentos.

Y nuestra obligación como Legisladores, es poner las condiciones legales y programáticas para lograr la disponibilidad en la producción, el comercio y uso de los alimentos; el acceso a los mismos, que permita la capacidad de poder de compra y regularice los mercados. Estamos obligados a generar la estabilidad, para que se regule la variabilidad en la producción, en los precios y los ingresos; y por último su utilización adecuada, que asegure el consumo de los alimentos de calidad bajo dietas acorde al contexto cultural y aprovechando las condiciones ecológicas de cada lugar. Todo ello bajo un perfil de sustentabilidad.

Y es por ello que a través de una Ley General se establecerán los ejes rectores que permitirán homologar, programas, instituciones y acciones de los tres órdenes de gobierno encaminados a garantizar la alimentación en todo el país.

Es de suma importancia hacer del conocimiento de todos que el impulsar esta Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada, respaldada por todos los partidos políticos, será un logro de los quinientos diputados de esta LXII Legislatura, y más aún, será en beneficio de todos los mexicanos. Porque más allá de los partidos; somos las personas las que hacemos la diferencia, al cumplir con nuestra obligación, que es proteger y cuidar a todos los mexicanos.

Muchas Gracias!