Jairo Garzón Montaño
Opinión
El narcotráfico es un problema presente en todos los países del mundo, sin embargo, en las últimas décadas se ha dado un crecimiento sostenido en México, Estados Unidos y Colombia. En el caso particular de nuestro país, el incremento en las actividades delictivas de venta de drogas, tráfico de armas, secuestro y extorsión lo han llevado a tener altos niveles de violencia e inseguridad pública.
Hasta mediados de 1990 sólo fuimos un país de paso y producción de algunas drogas como la mariguana y los opiáceos al mercado de Estados Unidos, pero a partir del año 2000 el consumo los narcóticos sintéticos ha aumentado de manera alarmante, sobre todo, en las grandes ciudades con alto poder adquisitivo.
Las organizaciones criminales, se han especializado en la producción, traslado y exportación a mercados internacionales llegándolas a considerar “empresas ilícitas”, en el mismo sentido, se han apropiado del control el territorio nacional del tráfico de estupefacientes, armas, robo de vehículos y artículos piratas.
Ante esto contexto en el 2006 el Ejecutivo Federal tomó la decisión de declararle abiertamente la guerra y militarizar el país, lo que ha conducido a un déficit de legitimidad del Estado. El resultado, sólo en ese sexenio fue más de 70 mil muertos, 25 desaparecidos y 250 mil desplazados.
Recientemente el caso de José Luis Abarca Velázquez ex -presidente municipal de Iguala Guerrero y su esposa, dejó de manifiesto la enorme capacidad de corrupción y penetración del narco en los aparatos institucionales del estado, así como del control que tienen, mantienen y reproducen en las comunidades y regiones del país.
En síntesis, la situación imperante exigía soluciones de fondo y de largo plazo, por tal motivo, la detención o abatimiento de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera –El Chapo-y Servando Gómez Martínez –La Tuta-, Vicente Carrillo Puente, Héctor Beltrán Leyva -El H-, Arturo Beltrán Leyva –el jefe de jefes- Nazario Moreno González, Enrique Plancarte y Heriberto Lazcano Edgar Valdez -la Barbie, constituye la legitimación de la Estrategia Nacional de Seguridad y hace visible los trabajos que se están realizando en materia de seguridad a través de la coordinación de autoridades federales y locales.
A pesar de estos alcances aún siguen prófugos más de 11 capos consideramos como de alta peligrosidad en más de 88 cédulas, continua dándose una descomposición del tejido social, persisten los altos niveles de homicidios y secuestros, escenario que ha llevado a que nuestro país sea considerado de alta peligrosidad para el turismo internacional.
Para la disminución del fenómeno apremia la instrumentación de políticas coordinadas entre los gobiernos de Estados Unidos y México para inhibir el consumo en el mercado, así como, robustecer las capacidades operativas de la policía federal y actualizar nuestro marco jurídico e institucional para prevenir la colusión del crimen organizado con las autoridades gubernamentales.
Finalmente, como ciudadanos debemos exigir que el gobierno diseñe e implemente las acciones necesarias para garantizar la seguridad pública, desmantele las cédulas del crimen organizado y sancione conforme a derecho a las personas que estén vinculadas con estas actividades al margen de la ley, como mexicanos meremos un país con paz, tranquilidad y justicia.
Twitter:@jairogarzonm
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