Jairo Garzón Montaño
Opinión
Apremia impulsar en nuestras administraciones valores democráticos,
generar capital social y redes de confianza entre la ciudadanía que permitan su
participación permanente y decidida en las decisiones de los asuntos públicos, es
decir, hacer de nuestros gobiernos unos transparentes, abiertos y cercanos a la
gente. Esto se torna necesario ante la falta de representatividad o
sobre-representatividad, nula confianza, poco diálogo y bajos niveles de
legitimidad de las instituciones gubernamentales, esta es una percepción
generalizada bajo el binomio pedir-dar y reclamar- hacer.
Debemos aspirar a construir un gobierno abierto-participativo, en el
que los ciudadanos sean actores centrales en el diseño, decisión,
implementación y evaluación de las políticas públicas, en el que se generen las
condiciones colaborativas del sector público, social, civil y privado para coproducir
valor social y cívico.
Por ello, celebro que se estén dando pasos importantes en esta
aspiración, situación que queda de manifiesto con la instalación del Consejo
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, que es el órgano garante de la máxima publicidad de la
información pública y el acceso a la información gubernamental en todo el país.
Otro ejemplo de coparticipación con la ciudadanía, es la firma del
convenio entre el Senado de la República y la Universidad Nacional Autónoma de
México, el cual establece que a partir del próximo periodo de sesiones, los
senadores puedan recibir asesoría jurídica para la creación de las leyes
secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de
Transparencia.
Además en este convenio se contempla la elaboración de un diagnóstico
del estado actual del municipio, comunidad política y de gobierno, con
perspectiva comparativa; proyectos de ley para la adecuación a la reforma
relacionada con derechos humanos y un análisis comparativo de las mejores
prácticas regulativas de la industria minera, lo cual se traducirá en
iniciativas más sólidas y reformas integrales a nuestro marco jurídico.
Como ya lo he
mencionado, para que el gobierno abierto sea una realidad, debemos garantizar
mecanismos oportunos de acceso a la información y transparencia informativa,
así como el desarrollo de herramientas tecnológicas a partir de la web 2.0, que
permita evaluar las acciones del gobierno y conocer los niveles de satisfacción
en relación a la calidad de los servicios públicos, asimismo abrir la
posibilidad de tener una retroalimentación a partir de las necesidades de los
ciudadanos.
Estoy consciente de que
este nuevo planteamiento político, tendrá resistencias porque implica un cambio
sustantivo en los procesos de gestión, servicios públicos y utilización de las
tecnologías de gobierno, conlleva un proceso de adaptación-transformación en la
manera de pensar, actuar y participar.
Como politólogo,
identifico un área de oportunidad única para hacer coparticipes a los
ciudadanos en las tareas del gobierno, generar valor público y promover niveles de gobernabilidad óptimos,
fortaleciendo la institucionalidad política y participación social.
Twitter:@jairogarzonm
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