Salvador López Santiago
Opinión
La reforma
constitucional en materia político-electoral, publicada en Diario Oficial de la
Federación el 10 de febrero de 2014, constituye un cambio de paradigma en el
Sistema Nacional de Elecciones, que ha generado diversas posturas: por un lado,
están aquellos que ven en este nuevo modelo, el medio idóneo para consolidar la
democracia mexicana; por otra parte, están
quienes consideran que se trata de un esfuerzo inacabado e incluso, un
mecanismo centralizador, en perjuicio de las entidades federativas.
Entre los principales cambios
derivados de la referida reforma destacan: la creación del Instituto Nacional
de Elecciones (INE), que sustituye al IFE; la reelección de senadores y diputados
al Congreso de la Unión hasta por 12 años; se aumenta del 2 al 3% el porcentaje
mínimo de votos requerido a los partidos políticos para conservar su registro;
las candidaturas independientes; el rebase el tope de gastos de campaña o
compra de propaganda en medios, como causal de nulidad de la elección; la paridad
entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales.
Asimismo, como parte de
esta reforma, el 23 de mayo de 2014, se expidieron varias leyes secundarias en
la materia, entre las que destacan las siguientes: Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales; Ley General de Partidos Políticos; Ley General en
Materia de Delitos Electorales; y la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral.
En síntesis, en la
reforma político-electoral convergen instituciones de vital importancia para la
Federación, los estados, el Distrito Federal y lo municipios, pero sobre todo,
para la consolidación de la democracia nacional y el desarrollo de la sociedad
mexicana. En este sentido, en el presente proceso electoral se pone a prueba la
idoneidad del recientemente creado Instituto Nacional Electoral y la reforma
político-electoral de 2014, así como la madurez política de los contendientes y
el interés por los comicios de los ciudadanos.
Es evidente que para
poder consolidar la democracia mexicana aún tenemos un gran camino por
recorrer, pero también es cierto que aunque paulatinamente, en las últimas
décadas hemos avanzado considerablemente, prueba de ello es la transición del
año 2000 y la de 2012, y el fortalecimiento del poder legislativo. En este
orden de ideas, como ciudadanos nos corresponde involucrarnos en la elección de
nuestros representantes, es decir, votar de manera responsable, libre y
secreta.
Al respecto, cabe
mencionar que en la jornada electoral del próximo 7 de junio, se renovarán: 9
Gubernaturas; la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados; los
Congresos Locales de 17 entidades; presidentes municipales en 16 estados y
jefes delegacionales en el Distrito Federal. Para ello, en las 32 entidades se
contrataron a 5 mil 601 Supervisores y 33 mil 18 Capacitadores Asistentes
Electorales; se tiene proyectada la instalación de 148 mil 968 casillas (44%
federales y 56% únicas); y participarán
1 millón 210 mil 338 funcionarios de mesa directiva de casilla -presidentes,
secretarios, escrutadores y suplentes-.
Sin duda, las
elecciones del 7 de junio representan la prueba de ácido de esta reforma y solo
hasta después de la misma podremos conocer los alcances y pertinencia de esta
importantísima reforma.
Twitter: @sls1103.
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