“Llego el día de la prueba de ácido”

Salvador López Santiago

Opinión

La reforma constitucional en materia político-electoral, publicada en Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, constituye un cambio de paradigma en el Sistema Nacional de Elecciones, que ha generado diversas posturas: por un lado, están aquellos que ven en este nuevo modelo, el medio idóneo para consolidar la democracia mexicana;  por otra parte, están quienes consideran que se trata de un esfuerzo inacabado e incluso, un mecanismo centralizador, en perjuicio de las entidades federativas.

Entre los principales cambios derivados de la referida reforma destacan: la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE), que sustituye al IFE; la reelección de senadores y diputados al Congreso de la Unión hasta por 12 años; se aumenta del 2 al 3% el porcentaje mínimo de votos requerido a los partidos políticos para conservar su registro; las candidaturas independientes; el rebase el tope de gastos de campaña o compra de propaganda en medios, como causal de nulidad de la elección; la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales.

Asimismo, como parte de esta reforma, el 23 de mayo de 2014, se expidieron varias leyes secundarias en la materia, entre las que destacan las siguientes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley General de Partidos Políticos; Ley General en Materia de Delitos Electorales; y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En síntesis, en la reforma político-electoral convergen instituciones de vital importancia para la Federación, los estados, el Distrito Federal y lo municipios, pero sobre todo, para la consolidación de la democracia nacional y el desarrollo de la sociedad mexicana. En este sentido, en el presente proceso electoral se pone a prueba la idoneidad del recientemente creado Instituto Nacional Electoral y la reforma político-electoral de 2014, así como la madurez política de los contendientes y el interés por los comicios de los ciudadanos.

Es evidente que para poder consolidar la democracia mexicana aún tenemos un gran camino por recorrer, pero también es cierto que aunque paulatinamente, en las últimas décadas hemos avanzado considerablemente, prueba de ello es la transición del año 2000 y la de 2012, y el fortalecimiento del poder legislativo. En este orden de ideas, como ciudadanos nos corresponde involucrarnos en la elección de nuestros representantes, es decir, votar de manera responsable, libre y secreta.

Al respecto, cabe mencionar que en la jornada electoral del próximo 7 de junio, se renovarán: 9 Gubernaturas; la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados; los Congresos Locales de 17 entidades; presidentes municipales en 16 estados y jefes delegacionales en el Distrito Federal. Para ello, en las 32 entidades se contrataron a 5 mil 601 Supervisores y 33 mil 18 Capacitadores Asistentes Electorales; se tiene proyectada la instalación de 148 mil 968 casillas (44% federales y 56% únicas); y  participarán 1 millón 210 mil 338 funcionarios de mesa directiva de casilla -presidentes, secretarios, escrutadores y suplentes-.

Sin duda, las elecciones del 7 de junio representan la prueba de ácido de esta reforma y solo hasta después de la misma podremos conocer los alcances y pertinencia de esta importantísima reforma.

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