Jairo Garzón Montaño
Opinión
La corrupción es uno
de los problemas más graves a los que se enfrenta nuestro país, debido a que vulnera
el desarrollo de la sociedad. Esta problemática se traduce en grandes pérdidas económicas y en poca
generación de empleo, asimismo, encarece
la operación de los negocios, reduce la competitividad, eleva costos de bienes
y servicios, es decir, como nación dejamos de tener un clima económico y de negocios atractivo
para invertir.
Para dimensionar el grado de corrupción imperante en México, basta
mencionar que el “Índice de Percepción de la Corrupción 2014”, de Transparencia
Internacional, nos posiciona en el lugar 103 de 175 países evaluados y según la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, somos el último
lugar de sus países miembros en la materia. En el mismo sentido, el Instituto
Nacional de Geografía y Estadística, calcula que por el concepto de corrupción
nuestro país pierde más de 341 mil millones de pesos al año, por lo que es
catalogado como uno de los mayores problemas por su impacto económico.
Ante esta situación, el Congreso de la Unión, enriqueció la iniciativa
presidencial por el que se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción que
contribuirá a prevenir, detectar y sancionar, a quienes incurran en estos
actos.
En este marco, en días recientes esta
propuesta fue ratificada por los congresos de Aguascalientes, Baja
California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango,
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León,
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas, con ello, fue declarada “aprobada” por la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión y envida al Ejecutivo Federal para su
publicación.
En síntesis, el Sistema Nacional
Anticorrupción promoverá la coordinación
entre los órganos de gobierno con la facultad de detectar y sancionar
hechos de corrupción, contemplando poderes de la unión y órganos
constitucionales autónomos de la federación, poderes y órganos autónomos de las
entidades federativas, ayuntamientos y órganos de las jurisdicciones
territoriales del Distrito Federal, así como particulares vinculados en el
desempeño y el ejercicio de recursos públicos.
Cabe señalar que uno de los aspectos positivos
del Sistema Nacional Anticorrupción es que la sociedad podrá conocer sus
acciones a través de un informe anual de avances y resultados; la Auditoria
Superior de la Federación investigará actos de corrupción cometidos por
funcionarios y será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien podrá fincar a los responsables, el pago de indemnizaciones y sanciones administrativas
y penales.
Esta es la primera vez que se aborda el tema de la corrupción de manera
integral, sin limitarse sólo al ámbito de la coacción, ya que se involucra a
los particulares que hagan uso de recursos públicos, se establecen mecanismos homologados
de actuación y atención, así como acciones coordinadas entre actores para
inhibir y prevenir estos delitos. Ahora corresponde legislar las leyes
secundarias o leyes reglamentarias de ésta reforma constitucional.
Con estas
modificaciones se busca construir un marco jurídico robusto, moderno, innovador
y de vanguardia, para que las mexicanas y mexicanos vivamos tranquilos y con
seguridad reflejada en una mejor calidad de vida libre de corrupción. Tengo
claro que falta mucho camino por recorrer; pero sin duda con el Sistema Nacional
Anticorrupción se sientan bases sólidas para transparentar el uso de los
recursos públicos y abonar a una gobernabilidad y gobernanza en el que se
prevengan y sancionen los actos de corrupción.
Los invito a que me compartan cómo el Sistema Nacional
Anticorrupción puede contrarrestar la corrupción en las localidades y
regiones de Oaxaca. Que se escuche
fuerte y claro, queremos un México libre de impunidad, como oaxaqueños de bien
lo merecemos.
Twitter:@jairogarzonm
No hay comentarios:
Publicar un comentario