Jairo Garzón Montaño
La guerra contra las drogas ha fracasado debido a que sus objetivos no sólo no se alcanzaron, sino que además, muchos de ellos, se agravaron. Basta mencionar los índices de violencia, el aumento en el consumo de estupefacientes, la aparición de nuevos carteles y la proliferación de nuevos cultivos y mercados ilegales.
A pesar de los cuantiosos recursos económicos y humanos invertidos, en pocos años, nuestro país transitó de ser una entidad de paso y transporte, a ser un consumidor, sobre todo, de productos como la marihuana, la heroína y la cocaína. Lamentablemente, esta tendencia se traduce en niveles alarmantes de inseguridad y violencia con énfasis en secuestros, torturas y desapariciones forzadas, además de operativos fallidos y el deceso de militares y civiles.
Una de las principales deficiencias de estas políticas de gobierno, es que se enfocan a la erradicación de cultivos y la aprensión de las principales líderes de los grupos criminales, directriz que de acuerdo con especialistas, sólo produce que los plantíos se trasladen a lugares de difícil acceso y los grupos se enfrenten para ganar el control de las rutas, plazas y mercados.
Existen casos documentados, en los que las ganancias de los grupos criminales se reflejan en hechos de corrupción con autoridades que vulneran la gobernabilidad democrática a través de la intimidación hacia los ciudadanos, con el objetivo de asegurar el desarrollo de sus actividades.
Las políticas gubernamentales frente al consumo estigmatizan y persiguen frecuentemente a los consumidores, tratándolos como pequeños narcotraficantes y delincuentes ante las instituciones de administración, procuración e impartición de justicia. Es decir, no se les trata desde la perspectiva de salud pública como personas con un padecimiento. La incapacidad del régimen prohibicionista para reducir y prevenir los daños generados a consumidores y a terceros, obliga a repensar nuevas alternativas legislativas y ejecutivas de políticas públicas para generar mejores condiciones de vida.
Que quede claro, la regulación y desregulación de la marihuana, no terminará en el corto plazo con la violencia de nuestro país y con el mercado negro. Por lo tanto, es evidente que el Estado mexicano debe proponerse reducir los riesgos y los efectos sociales y violentos de quien tiene la intención de consumir este producto.
Existe un consenso generalizado de que la sociedad mexicana, ya no puede transitar por la línea prohibicionista de: “prohíbo consumir, vender y producir”, debido a que sus resultados no son los esperados, ya que aumentó su consumo, y peor aún, generó un mercado negro con grandes beneficios económicos para el crimen organizado y los bandas delictivas que operan en todo el país.
Tengo claro que México, primero transitará al umbral de la legalización con fines terapéuticos, ya que ha probado tener diversos beneficios para el combate de migrañas, para disminuir la velocidad del crecimiento de tumores y el alivio de los síntomas de enfermedades crónicas como el Bowel y Crohn. Aunado a estos beneficios, también ayuda a prevenir al Alzheimer y convulsiones, contribuye al tratamiento de glaucomas, y beneficia al tratamiento de esclerosis múltiple.
Todo parece indicar que también se aumentará el gramaje permitido, lo cual contribuirá a prevenir la reclusión injusta y problemáticas como el hacinamiento y la violación a derechos humanos. Pero más importante aún, que los consumidores sean tratados desde una perspectiva de salud pública y no penal, es decir, que en los centros penitenciarios del país estén delincuentes de delitos graves y no personas adictas que son pacientes enfermos de este padecimiento.
Estoy convencido de que mientras existan personas que consuman marihuana, habrá mercado y la necesidad de regularla. Ante ello, el Estado debe contar con un marco regulador que permita descriminalizar a los consumidores y contar con las herramientas efectivas para generar mejores estadios de vida para las familias mexicanas.
Marihuana: de la represión a la regulación efectiva
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