“No es Suficiente Fortalecer el Ordenamiento Jurídico”

Salvador López Santiago

Opinión

La LXII Legislatura del Congreso de la Unión se distingue por la aprobación de importantes reformas que han fortalecido y modernizado el orden jurídico nacional, lo cual se traduce en beneficios a corto, mediano y largo plazo para la población. Al efecto, basta mencionar las 11 reformas estructurales, entre las cuales se encuentran el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Nueva Ley de Amparo (las que buscan contribuir al acceso e impartición de justicia en México).

Bajo este contexto, si bien es cierto que dichos cambios cuentan con un valor intrínseco, también lo es que no son suficientes para combatir y erradicar por completo el rezago educativo, las desigualdades sociales, las injusticias y las arbitrariedades que tanto laceran a la sociedad mexicana. En este sentido, resulta de vital importancia que estas y todas las reformas impulsadas desde el seno del Congreso de la Unión, estén acompañadas de la voluntad de cumplir la norma, situación que sólo es posible con un cumulo de valores sociales y de convivencia sólidos y bien definidos.

Sobre el particular, el pasado 17 de junio del año en curso, en el marco de la Comisión Permanente fue aprobado un dictamen importante, a través del cual se determinó exhortar a la Secretaría de Gobernación para que implemente una campaña intensa de difusión de valores y actitudes que permitan la sana convivencia de las niñas, niños y adolescentes. Particularmente, me parece que con estas acciones los legisladores dan respuesta a una legítima y sensible demanda social.

Sin duda, la importancia del asunto en comento estriba en que coadyuva a la construcción de una ciudadanía solidaria, democrática, participativa, multicultural, responsable y con principios, elemento fundamental para el pleno desarrollo individual y colectivo de los mexicanos, e indispensable para consolidarnos como una nación democrática y garante de los derechos humanos.

Asimismo, me parece acertada la visión que concibe a estos trabajos como una tarea que demanda el esfuerzo conjunto y permanente de los tres órdenes de gobierno, autoridades, sistema educativo nacional, sociedad civil y la familia, por lo que es oportuno que desde nuestras respectivas esferas de acción, cada uno de nosotros asuma la responsabilidad que nos corresponde.

Como lo he señalado antes, resulta insuficiente contar con una legislación sólida y de vanguardia, si ésta no es observada o bien, pretende ser aplicada en una sociedad carente de valores sociales, sobre todo, si tenemos en cuenta que contrario a los avances que se han alcanzado en las últimas décadas en materia de protección de niñas, niños y adolescentes que hay a nivel nacional e internacional, se ha presentado una gradual descomposición social y deformación de valores entre los jóvenes. Situación que deja de manifiesto que la manera más efectiva de combatir las conductas antijurídicas, contrarias a las buenas costumbres y violentas por parte de los jóvenes, es el fortalecimiento de la estabilidad familiar, social, laboral, escolar e institucional.

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