Jairo Garzón Montaño
Opinión
Contar con información pública gubernamental confiable, clara, precisa y comprobable, constituyen pilares indispensables para la generación de una cultura de rendición de cuentas para el gobierno y de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos para la ciudadanía.
Un gobierno democrático debe informar y garantizar mecanismos eficientes para que los habitantes tengamos la posibilidad de acceder a la información gubernamental, en este orden de ideas, la transparencia y el acceso a la información inhiben y desincentivan la discrecionalidad y la corrupción por parte de las autoridades en el uso y designación de recursos públicos.
México cuenta con una estructura legal y garantista del derecho de acceso a la información pública a través de la Constitución, las Leyes Reglamentarias y del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Su titular, en días recientes entregó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el informe anual de labores 2014.
En dicho documento, existen datos reveladores que valen la pena destacar, entre ellos, que en el periodo analizado se realizaron 114 mil 727 solicitudes de información a las dependencias y entidades de la administración pública federal, lo que representa 4.9% más que en 2013. Entre los casos relevantes resueltos destacan las violaciones graves de los derechos humanos en casos como San Fernando y Tlatlaya.
Además de estos asuntos, también se solventó la entrega de bases de datos sobre el caso de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial; la consulta a los pueblos indígenas sobre obras de infraestructura que afectan a sus comunidades y el fallo de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro.
Fue un buen año para el Instituto, ya que se afianzó en el marco internacional y consolidó su liderazgo en América Latina, en consecuencia, por segunda ocasión presidirá la presidencia de la Red Iberoamericana de la Protección de Datos Personales, esto le permitirá seguir teniendo influencia en la región.
Ante estos resultados, no me queda duda de que aún existen desafíos por atender, como el fortalecimiento de los protocolos en el uso de datos personales, contención de los casos corrupción en los gobiernos locales y los tiempos de respuesta por parte del órgano garante federal y sobre todo en las entidades. A pesar de ello, considero que el Instituto ha actuado con responsabilidad y ha cumplido con su tarea de garantizar la máxima publicidad de la información pública y gubernamental.
En democracia, la transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales, son ejes rectores de la ruta que nos permitirá transitar hacia la consolidación de todo régimen democrático, es precisamente ahí en donde estriba la trascendencia del asunto que nos ocupa, el cual debe ser atendido con profesionalismo, objetividad y sin mayor dilación.
No debemos perder de vista, que un gobierno que respete el principio constitucional de máxima publicidad, busca, promueve e impulsa la apertura y retroalimentación de la información para la construcción de la agenda pública; por lo que reservar información de la administración constituye una práctica antidemocrática.
Como oaxaqueños tenemos el derecho de saber cuánto, cómo y dónde se gastan nuestros impuestos y el gobierno está obligado a hacerlo público, de lo contrario, tenemos como aliado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Twitter:@jairogarzonm
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