Jairo Garzón Montaño
Desde hace 13 años he viajado periódicamente a diversos lugares, primero a Puebla de Zaragoza por motivos académicos y ahora a la Ciudad de México por causas laborales, a pesar de este tiempo y de los viajes -cuyo número he perdido la cuenta, no había experimentado una supuesta revisión de nacionalidad por parte del Instituto Nacional de Migración.
He de confesar que esta supuesta indagación, se realizó entre notables irregularidades, por ejemplo: en ningún momento el “personal” del Instituto Nacional de Migración se identificó, tampoco dijeron a qué se debía dicha acción, y menos de que se trataba de una revisión sobre la situación migratoria de quienes utilizábamos un servicio público de autotransportes de Huajuapan de León a la Capital del país.
Estas anomalías, se dieron en los límites de los estados de Morelos y México. Por si esto no fuera suficiente, estas “medidas precautorias”, se hicieron acompañar de actitudes prepotentes, poco tolerantes y hasta discriminatorias, en especial contra mujeres, adolescentes y personas de la tercera edad.
Después de estos lamentables acontecimientos, me sorprendió conocer el número de denuncias –que van en aumento- de personas que están siendo detenidos y “desaparecidos”, bajo el argumento de mantener la seguridad nacional en los estados del Sur- Sureste de nuestro país.
De acuerdo con información oficial, existen investigaciones abiertas de casos documentados de personas desparecidas por estos supuestos controles, entre ellos, están los de Maximiliano Gordillo, quien desapareció en la caseta de revisión migratoria de Chablé, en el estado de Tabasco, o el de los hermanos Amy, Esther y Alberto provenientes de Ocosingo, Chiapas, a quienes los obligaron a descender del autobús en el que viajaban y les dijeron que si no firmaban unos documentos en los que admitían ser de Guatemala, “morirían”
Frente a este contexto, no tengo duda de que el Instituto Nacional de Migración, cuenta con diversas áreas de oportunidad para garantizar y cumplir con sus protocolos de actuación, verificación y protección a los derechos humanos, sin embargo, estoy convencido de que nuestra política migratoria no puede estar alejada de los principios elementales y fundamentales de los derechos a las personas, independiente de su situación migratoria.
De no hacer lo correspondiente, es decir, verificar el status de las personas que forman parte del Registro Nacional de Extranjeros, fortalecer sus campañas de concientización de migración peligros y acatar sus protocolos de actuación en el que establece -entre otros aspectos- su clara identificación, se seguirán dando actos de corrupción, abusos físicos, vejaciones y extorsiones a las personas. No hay que olvidar que en el Senado de la República, el comisionado Ardelio Vargas dijo que por estos delitos se han despedido a más de 3 mil agentes migratorios.
Dígase lo que se diga, el conjunto de estas irregularidades, deja de manifiesto la violencia estructural, institucional y social que sufrimos las personas mexicanas durante nuestros traslados a distintos destinos en el interior de nuestro país, pero también evidencia diversos desafíos para que el Instituto Nacional de Migración asegure y garantice el ejercicio irrestricto de nuestros derechos consagrados en nuestros marco jurídico y tratados internacionales. Insisto, el INM está proteger nuestros derechos y no para transgredirlos.
El INM está para proteger nuestros derechos y no para transgredirlos
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