El Sistema Penitenciario, ¿Señal de un Estado Fallido?

Opinión

Jairo Garzón Montaño

La fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal del Altiplano, la muerte de más de 49 personas en Topo Chico en el estado de Nuevo León y las múltiples amenazas de fugas masivas en los Centros Estatales de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes en el estado de Morelos, dejan de manifiesto que el sistema penitenciario nacional presenta diversos desafíos que deben ser atendidos por las autoridades encargadas de la impartición y procuración de la justicia.

Entre estas problemáticas están las condiciones de ingobernabilidad, autogobierno, sobrepoblación y hacinamiento, lo cual se traduce en una crisis de derechos humanos al interior de los centros de reclusión en nuestro país. Esta serie de dificultades, contradicen lo dispuesto en el artículo 18 constitucional, el cual establece como factores esenciales para lograr un cambio en la actitud del interno la capacitación, educación y el deporte como instrumentos afirmativos de prevención del delito.

En los centros penitenciarios, existe una deficiente clasificación de los internos, esto deriva en procesos penales lentos, onerosos y en el que la defensa queda dificultada para continuar con el debido proceso. En muchos de estos espacios -pensados para fomentar una reinserción social efectiva- los internos no son separados de los que están sujetos a proceso de aquellos que han recibido una sentencia definitiva, esto se traduce en una nula diferenciación o clasificación técnica para los programas de tratamiento.

Por si esto no fuera suficiente, en la mayoría de las cárceles del país existen condiciones de autogobierno, esto quiere decir, que las llaves de las celdas, los horarios de visita y hasta las horas de comida son determinadas por los grupos criminales, quienes realizan cobros por servicios y bienes básicos como agua y asistencia médica.

Como lo evidenció el penal de Topo Chico, estas características y condiciones inhumanas convierten a estos espacios de reinserción en verdaderas bombas de tiempo, ya que carecen de protocolos para atender incidentes violentos, no cuentan con una debida atención a violaciones a los derechos humanos y no tienen programas de prevención de adicciones y desintoxicación.

Frente a este escenario, se hace impostergable aprobar diversas reformas al orden jurídico nacional y homologar nuestra normativa local, para incorporar el modelo de preliberación anticipada por delitos contra la salud, el cual ha demostrado su éxito en otros países, además de contemplar la sustitución de condenas en los casos de delitos de baja cuantía, pero sobre todo, apremia garantizar los derechos fundamentales de quienes viven con sus madres en los centros de reclusión.

La situación actual del sistema penitenciario nacional, exige trabajar en un modelo integral de reinserción social efectiva, la cual debe partir de generar y garantizar una estancia digna, ante ello, considero que se deben incrementar los operativos de supervisión, mejorar la infraestructura penitenciaria e incrementar los mecanismos de capacitación, actualización y certificación del personal para desarrollar un sistema de civil de carrera.

Estoy convencido de la necesidad de instaurar diferentes programas focalizados a la prevención de la corrupción en los centros penitenciarios, para que sus recursos sean ejercidos con honradez, transparencia y eficiencia. Trabajaremos decididamente para que sin mayor dilación, transitemos hacia un sistema penal y penitenciario eficiente, libre de corrupción, en el que la reinserción de los reos en la sociedad sea una realidad.

El Sistema Penitenciario, ¿Señal de un Estado Fallido?