Los Derechos Humanos, una tarea de todos

Jairo Garzón Montaño

Opinión

Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán y San Fernando, son muestra de rezagos en materia de derechos humanos, libertad de expresión y procuración e impartición de justicia, problemáticas que deben ser atendidas por el Estado mexicano para reconstruir el tejido social, garantizar el pleno ejercicio de las libertades y fomentar un clima de paz social, crecimiento y desarrollo.

Indigna que en un país como el nuestro, sean más de 25 mil personas las desaparecidas -17 mil 859 hombres y 6 mil 953 mujeres-, 43 estudiantes normalistas no localizados en Iguala, por lo menos 72 migrantes asesinados en Tamaulipas y decenas de personas secuestradas. Lo anterior, a mi parecer posiciona el respeto a los derechos humanos como una prioridad en la agenda del Gobierno.

En congruencia con esta preocupación, debemos realizar cambios inmediatos encaminados a fortalecer las facultades de las procuradurías estatales del país, poner orden en los mecanismos de control de confianza y procesos de ingreso, capacitación y permanencia de las policías para que puedan realizar con eficiencia y eficacia sus funciones de seguridad pública; transitar a un sistema de indicadores de seguridad orientado a resultados; elevar las capacidades forenses y periciales; generar mecanismos de evaluación de impacto del gasto público de los fondos específicos de seguridad, robustecer la inteligencia policial e incrementar la asistencia técnica internacional.

Como sociedad no podemos permitir, tolerar y mantener prácticas generalizadas y sistemáticas de impunidad y corrupción en nuestro sistema, de no hacer nada, será inevitable la pérdida del tejido y cohesión social, la desconfianza en las instituciones y el menoscabo de nuestro sistema de impartición de justicia.

Estoy convencido de que es necesario fortalecer a la brevedad nuestro marco jurídico en materia de tortura, trata de personas, arraigo y justicia militar. Apremia una Ley General que permita erradicar, sancionar y prevenir la desaparición forzada, que establezca con claridad el tipo penal, la gravedad del delito bajo el principio de responsabilidad del superior jerárquico e identificar a las personas en vulnerabilidad y asegurar su protección.

De ninguna manera se debe excluir la jurisdicción militar en casos cometidos no sólo por militares en contra de civiles, sino también, cuando el sujeto activo y víctima formen parte de esta honorable institución. Por ello, celebro la creación de la fiscalía especializada de desaparición forzada, en verdad espero que agilice los tiempos de búsqueda y localización de las personas no localizadas.

Ante la gravedad de la crisis de inseguridad, impartición de justicia y ausencia de garantías en la protección a los derechos humanos, debemos tener el firme compromiso y responder contundentemente a las demandas de verdad y justicia, reparar el daño de manera integral a las víctimas y coadyuvar en los trabajos de los ministerios públicos, las procuradurías de los estados y las corporaciones policiacas.

Es hora de reabrir y avivar el debate, el momento de transformar lo que no funcione y trabajar gobierno y sociedad, para romper inercias, pasividades y falta de liderazgo. México y los derechos humanos, son responsabilidad de todos.

Twitter:@jairogarzonm

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